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Se ha presentado otra demanda contra Janssen Pharmaceuticals y su empresa matriz, Johnson & Johnson, en la que se alega que Invokana (el nombre comercial de la canagliflozina), el medicamento para la diabetes tipo 2 de estas empresas, provocó que un usuario sufriera un ictus. La demanda se ha presentado ante el tribunal federal del distrito de Nueva Jersey.
Según la demanda, a la demandante, una mujer de Kentucky, le recetaron Invokana en 2015 para tratar la diabetes. Poco después de empezar a tomar el medicamento, sufrió un ictus que la dejó incapacitada. Afirma que ambas empresas conocían el riesgo potencial de sufrir un ictus, pero no incluyeron ninguna advertencia ni en el embalaje ni en la etiqueta. También alega que Janssen/Johnson & Johnson sabían ya en 2013 que existían dudas sobre la seguridad del medicamento.
Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el medicamento ese año, dos miembros del comité, ambos cardiólogos, expresaron sus reservas al respecto, alegando preocupaciones sobre el riesgo de sufrir un ictus o un infarto. La FDA concedió entonces una autorización condicional, exigiendo estudios posteriores a la comercialización para evaluar los riesgos de daños en el sistema cardiovascular. Ese estudio reveló que casi la mitad de los usuarios (46 %) presentaba un mayor riesgo de sufrir un ictus durante el primer mes tras empezar el tratamiento con Invokana.
La demanda llega justo después de otra similar presentada en abril en un tribunal federal de Nueva Jersey por una pareja de Illinois, en la que se alegan circunstancias similares. Se han presentado otras demandas en las que se alega que Invokana provocó insuficiencia renal o deterioro renal y que causó una afección conocida como cetoacidosis diabética (CAD), un proceso que introduce sustancias tóxicas en el cuerpo.
La demanda presentada por la mujer de Kentucky alega que Invokana presenta defectos tanto de fabricación como de diseño, que las empresas no advirtieron adecuadamente de los peligros conocidos, que las empresas falsearon y ocultaron información de forma fraudulenta, y que las empresas fueron negligentes. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios y una indemnización punitiva.
